Comunicado recibido desde FUNAM al respecto de las acciones ante la Justicia y que tienen que ver con emprendimientos con el territorio donde vivimos: Sub Estación de Transformación Ilegal de EPEC y circuito del Rally en Costa Azul Norte, Terrenos del III Cuerpo de Ejército. Esta denuncia es correlativa de la presentada en Villa Carlos Paz el día 30 de septiembre de 2013, antes de la Audiencia Pública donde se trataba el CONVENIO NULO con la Empresa +EVENTOS, Playón de Estacionamiento de Ómnibus.
Hay Responsabilidades, por inobservancias de las Leyes y Procedimientos, de Funcionarios Públicos de la Provincia de Córdoba y el Municipio de Villa Carlos Paz, para el caso del circuito del Rally y de San Antonio de Arredondo respecto a la Sub Estación Ilegal de Epec.
VILLA CARLOS PAZ, 12 DE OCTUBRE DE 2013
FUNDACIÓN EDUCACIÓN, AMBIENTE Y TRABAJO
COMUNICADO
FUNAM INFORMA
Fundación para la defensa del ambiente
Córdoba (Argentina),
10 de octubre de 2013
Grave crisis en Córdoba:
Secretaría de Ambiente autorizó ilegalmente a Monsanto y otros emprendimientos que dañan la salud y el ambiente
El Secretario de Ambiente Luis Federico Bocco y su antecesor Raúl Costa fueron denunciados penalmente por FUNAM en la Justicia
La presentación hecha por el Dr. Raúl Montenegro con el patrocinio letrado del Abogado Federico Macciocchi recayó en la Fiscalía del Distrito II Turno 3°
Fue el resultado de una investigación realizada por FUNAM la cual determinó que un organismo clave de Ambiente, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI) "no estaba conformada como lo establece la ley, y que además integraba contratados y personal sin suficiente experiencia profesional".
El Dr. Raúl Montenegro indicó que entre los casos "sorprendentes" destaca el de Monsanto "pues el aviso de proyecto fue aprobado por una CTI no solamente ilegal, sino que apenas tenía cuatro miembros, dos de planta y dos contratados, siendo que estaban evaluando el proyecto de construcción de la procesadora de semillas de maíz más grande del mundo".
Próximamente FUNAM hará presentaciones administrativas para pedir la nulidad de las aprobaciones que se concedieron en forma ilegal e irregular.
Córdoba (Argentina), 10 de octubre de 2013.
La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, denunció que la Secretaría de Ambiente del gobierno de José Manuel de la Sota "aprobó ilegalmente la construcción de una planta de Monsanto en Malvinas Argentinas además de otros emprendimientos que dañan el ambiente y la salud".
El Secretario de Ambiente Luis Federico Bocco y su antecesor Raúl Costa fueron denunciados penalmente por FUNAM en la Justicia Provincial de Córdoba. La presentación hecha por el Dr. Raúl Montenegro con el patrocinio letrado del Abogado Federico Macciocchi recayó en la Fiscalía del Distrito II Turno 3° a cargo del Dr. Pedro Caballero.
La presentación fue el resultado de una investigación realizada por FUNAM sobre las autorizaciones que ha venido concediendo un organismo clave de Ambiente, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI).
"Originalmente la CTI estaba integrada con representantes designados por los distintos ministerios y organismos descentralizados del gobierno provincial, ello conforme a lo establecido por las Leyes Provinciales 8789 y 9156. De este modo se aseguraba un funcionamiento más plural y participativo.
Pero a partir del año 2008, durante las gestiones de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota, su composición fue drásticamente cambiada en abierta violación a la ley. Desde entonces la CTI se integra solamente con personal de la Secretaría de Ambiente, de planta y contratados, en muchos casos sin suficiente experiencia profesional", sostuvo el Dr. Raúl Montenegro.
Agregó que entre los casos "más sorprendentes de autorización" destaca el de Monsanto "pues el aviso de proyecto fue aprobado por una CTI no solamente ilegal, sino que apenas tenía cuatro miembros, dos de planta y dos contratados, siendo que estaban evaluando el proyecto de construcción de la procesadora de semillas de maíz más grande del mundo. Ninguno de ellos manejaba temas claves como salud o sociales".
La integración de personal laboralmente precarizado a la CTI "hace aumentar las sospechas de que así se facilitaban aún más las autorizaciones".
En la presentación judicial hecha hoy "también solicitamos que se investiguen otros casos", recalcó Montenegro, y pasó a describir algunos de ellos.
"El 'Proyecto Inmobiliario de Villa Candonga' que presentó la empresa Ticupil S.A. (2010) fue aprobado por la CTI pese a hallarse ubicado en 'zona roja de bosque nativo, donde no puede haber desmonte.
Peor aún, ni siquiera tuvo en cuenta la afectación de la Capilla Histórica de Candonga y la grave crisis hídrica".
"Otro caso emblemático, indicó Montenegro, es el 'Proyecto de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Vertedero Controlado de Calamuchita.
En este caso la CTI aprobó el vertedero pese a que un dictamen técnico de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario consideró que el sitio no era apto por ser inundable. Ignoró además la resolución 84/2010 de la Defensoría del Pueblo de la Nación cuyo Artículo 1° dice: 'Exhortar a la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba a establecer un nuevo emplazamiento de la 'Planta de clasificación, procesamiento, tratamiento y disposición de residuos sólidos urbanos del Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba'.
Irónicamente, este vertedero fue financiado por el gobierno de la provincia de Córdoba con fondos procedentes del Plan Provincial de Manejo del Fuego, y Calamuchita –este año- fue una de las zonas que más sufrió los incendios forestales".
"En el caso de la 'Planta de Transformación Eléctrica de EPEC en San Antonio de Arredondo', contiguo a Villa Carlos Paz, la CTI aprobó el proyecto pese a que EPEC le introdujo después importantes modificaciones que hacen caer automáticamente su autorización.
Aún así la obra prosiguió sin que actuara la Secretaría de Ambiente".
Una ilegalidad que aceleraba la realización de obras y proyectos apoyados por el gobierno
El Abogado patrocinante de FUNAM, Luis Federico Macciocchi, indicó hoy en tribunales que "hemos puesto en conocimiento del Sr. Fiscal de Instrucción los hechos que se habrían cometido en el seno de la Secretaría de Ambiente, precisamente por su titular, Luis Federico Bocco y su predecesor Raul Costa, quienes habrían dictado resoluciones contrarias la ley que rige el funcionamiento de esa secretaría, en particular la norma que instituye la conformación de la Comisión Técnica Interdisciplinaria para la evaluación de impacto ambiental.
Esta comisión, que dictamina para que el Secretario de Ambiente autorice -o no- un aviso de proyecto, debe integrarse con los representantes de los ministerios, por organismos dependientes del Poder Ejecutivo y entes autárquicos, pero en el caso de la autorización de la planta de la firma Monsanto, y en muchas otras causas, esa Comisión Técnica Interdisciplinaria, se integró sólo con empleados de la misma Secretaría de Ambiente.
Resulta flagrante el funcionamiento al margen de la ley con el claro propósito de que emprendimientos de gran envergadura se puedan llevar adelante sorteando todo tipo de control o exigencia".
Montenegro por su parte indicó que "irregular e ilegal facilitó indudablemente la aprobación rápida de proyectos que deberían haber sido analizados de acuerdo a la ley y con la máxima capacidad profesional. Nuestra presentación es apenas la punta de un ovillo a investigar.
Está claro que acontecimientos clave, como los Rally Dakar, también fueron aprobados con el mismo procedimiento ilegal y sesgado".
El Abogado patrocinante de FUNAM, Luis Federico Macciocchi, adelantó que el próximo paso "es hacer presentaciones administrativas para lograr la anulación de las aprobaciones concedidas a Monsanto y otros emprendimientos". También indicó que "las comunidades afectadas por malas actuaciones de la CTI irán haciendo sus propios planteos judiciales y administrativos".
Federico Macciocchi y Raúl Montenegro coincidieron en indicar que el proceso administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA, es una herramienta administrativa indispensable para proteger la salud de las personas y el ambiente antes de que se inicien obras, pero que lo sucedido en la Secretaría de Ambiente "no solo aumenta el descrédito del Estado provincial, sino que deja desprotegida a la sociedad frente a los caprichos de los gobernantes y el poder económico de las grandes corporaciones".
Para mayor información contactar a:
Prof. Dr. Raúl A. Montenegro
Presidente de FUNAM y Profesor Titular en la Universidad Nacional de Córdoba
Teléfono fijo: 03543-422236
Teléfono celular: 0351-155 125637
E-mail: biologomontenegro@gmail.com
Abogado Federico Macciocchi
Abogado patrocinante de FUNAM y Presidente de la Fundación "Club de Derecho".
Teléfono celular:
0351 – 155 140715
Email: fmacciocchi@clubdederecho.org.ar
Encargada de prensa:
Lic. Nayla Azzinnari
Teléfono celular: 011-155 460 9860
E-mail: nay_azz@hotmail.com
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