Expropiados y abandonados
Un centenar de productores agropecuarios del sur cordobés llevan 10 años esperando que les paguen los campos que les fueron ocupados con obras hídricas que hizo la Nación para evitar inundaciones.
Contundente. Alberto Migliore encabeza la agrupación de productores de la zona que lleva adelante la protesta (La Voz).
26/02/2012 00:01 , por Sergio Carreras
La pereza administrativa podría jugarle una muy mala pasada a la Provincia si llegase a prosperar el multimillonario juicio que un centenar de productores agropecuarios del sur cordobés planean presentar en su contra.
Se trata de un nutrido grupo de propietarios de la zona de Laboulaye, ciudad ubicada en el departamento Roque Sáenz Peña, donde el sur de la provincia de Córdoba se une a los territorios de Santa Fe y Buenos Aires.
Esta región, que fue muy afectada por las inundaciones en las últimas décadas, es escenario de una serie de obras hídricas que lleva adelante la Nación y que tienen por finalidad regular y conducir los excedentes de agua en las tres provincias involucradas.
El Gobierno nacional lanzó en 2001 el Plan Federal de Control de Inundaciones y dos años después, el 7 de enero de 2003, la provincia de Córdoba firmó un convenio marco con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.
El Estado nacional se comprometía a poner los fondos para las obras y la Provincia organizaría las licitaciones. Dentro de ese convenio, se acordó el pago de indemnizaciones a todos los propietarios de los campos que serían utilizados para las obras. La Provincia quedaba a cargo también de realizar los trámites expropiatorios de las tierras.
Hasta ahora, la Provincia de Córdoba no sólo no habría pagado ninguna indemnización sino que, según denuncian los afectados, la pereza de los funcionarios de las reparticiones hídricas, de las distintas administraciones provinciales desde 2003, ni siquiera ha permitido que se realicen los trámites de las expropiaciones.
Sin embargo, el secretario de Recursos Hídricos, Marcelo Cámara, dijo a este diario que la Provincia cumplió con todos los pasos exigidos por la ley y que no ha cometido falta alguna en este litigio.
Las expropiaciones deben ser pagadas por la Nación, a través de un fondo económico previsto en un fideicomiso específico. Pero, en caso de haber un juicio, la que deberá pagar los millones de pesos sería la Provincia de Córdoba.
El Consejo de Tasaciones de la Provincia, que dirigen el presidente Miguel Alcalá y el vicepresidente Gustavo Pignata, es acusado de ineptitud por los productores del sur provincial, ya que consideran que sus técnicos no tienen experiencia en valuar este tipo de propiedades.
Las denunciadas inactividad e impericia de esas reparticiones son las que pueden hacerle un gran agujero a las finanzas provinciales si el problema continúa como hasta ahora. Un rol importante le tocó jugar, al parecer, a la ex Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (Dipas), que durante años tuvo paralizados los expedientes.
Deuda incumplida. En julio de 2007, el presidente Néstor Kirchner y la por entonces senadora nacional Cristina Fernández visitaron la ciudad santafesina de Rufino, muy cerca del límite con Córdoba, para inaugurar la elevación de 10,5 kilómetros de la ruta nacional 7 que habían quedado bajo el agua debido a las inundaciones de 1998.
En esa oportunidad, en la que también estuvo presente el gobernador José Manuel de la Sota (quien por entonces finalizaba su segundo mandato), el presidente dijo que estaban saldando la “vieja deuda de haber tenido parte de nuestra pampa gringa bajo el agua, cuando tendría que haber estado bajo la soja, el maíz o el trigo”. En realidad, sólo se saldaba la parte de la deuda de la obra pública.
Los productores que fueron afectados por las obras hídricas y las servidumbres de paso son cerca de un centenar, a los que les ocuparon 7.220 hectáreas, distribuidas en 124 lotes.
Las construcciones consisten en cinco grandes lagunas o reservorios y canales de regulación, para evitar que toda el agua de Córdoba vaya a dar directamente sobre la laguna santafesina La Picasa.
Esta laguna es la mejor síntesis del silencioso desastre que afectó a aquella región del país. Históricamente tenía una superficie de 2.400 hectáreas y una cota de 98,5 metros sobre el nivel del mar. Pero luego de las grandes inundaciones de fines del siglo 20, multiplicó su superficie 17 veces, para llegar a un tamaño superior a las 40 mil hectáreas, con una cota de 106 metros sobre el nivel del mar.
La provincia de Córdoba es la principal aportante de aguas a La Picasa. Las quejas de santafesinos y bonaerenses por el descontrol hídrico que había en el territorio cordobés eran repetidas.
En los peores años de la década pasada, luego de cada gran lluvia se lanzaba una competencia del sálvese quien pueda entre productores e intendentes de la zona, para ver quién construía más rápido un canal y desviaba el agua para librarse de la inundación, mientras le enviaban el problema a sus vecinos.
Los productores de la zona se sintieron abandonados no sólo por las diferentes administraciones del Gobierno provincial sino también por las organizaciones agropecuarias. Fundaron una entidad llamada Productores Autoconvocados del Sur de Córdoba (Prascor), para tratar de encontrar respuesta a una situación que ha llevado a la quiebra a más de uno.
El presidente de Prascor, Alberto Migliore, tuvo bajo el agua el 85 por ciento de la superficie de su campo de 500 hectáreas y pasó cinco años sin producir. Recordó que “la promesa de los funcionarios, tanto nacionales como provinciales, fue que apenas se terminara cada obra se iba a depositar el valor de las tierras a precio actualizado, según la superficie de cada productor.
Trabajaron en las obras hasta 2006, algunas quedaron sin terminar y no se pagó nunca”. Luego de que se terminaron las obras, en la zona no volvió a llover como en el período 1998/2001. Las napas, antes a flor del suelo, descendieron varios metros. Y las obras realizadas por la Nación no fueron mantenidas, hasta el punto que, con motivo de algunas lluvias medianas recientes, los productores de la zona tuvieron que intervenir para abrir vías de salida al agua en uno de los reservorios.
Dólares y hectáreas. El tema que explica la fuerza del reclamo y el escaso entusiasmo oficial por dar respuestas es la plata que está en juego. Un juicio contra la Provincia sería multimillonario.
Sumar el valor de las miles de hectáreas expropiadas de hecho, más el daño económico sufrido por productores que no pudieron sembrar en la que fue una de las mejores décadas para la producción agrícola argentina, arroja una cifra que algunos abogados calculan entre 250 y 300 millones de pesos.
Migliore señala: “Son campos de mucho valor. Algunos no valen menos de seis mil dólares la hectárea. Otros, según la zona, podrán valer sólo tres mil dólares por hectárea, pero nunca 300 dólares como ha querido ofrecer la Provincia, mal asesorada por el Consejo de Tasaciones.
Ellos van y ven un campo con agua y con sal y dicen que eso no vale más, pero eso que están viendo son el agua y la sal que arrojaron sobre los campos las obras hechas por la Nación. Eso eran campos de muy buena producción y debe indemnizarse por ese valor”.
La Nación no responde los reclamos. La Subsecretaría de Recursos Hídricos está a cargo de alguien que conoce muy bien el tema, el cordobés Fabián López, quien fue la máxima autoridad de Dipas por varios años. Las obras en el territorio cordobés para equilibrar el sistema de La Picasa están integradas a otras similares en el territorio santafesino y en el bonaerense, en un sistema que termina desembocando en la bahía de San Borombón, a través del río Salado.
Muchas de esas obras todavía están en realización y avanzan sin que se hayan cerrado las primeras etapas, manteniendo a los dueños de los lotes sin respuestas concretas a sus reclamos.
Problemas
Precios. Varios de los afectados por las expropiaciones señalan las diferencias en los valores de los campos según efectúe las tasaciones la Provincia o la Nación. Como prueba de su reclamo, mencionan el precio en el que se comercializan hoy las hectáreas en esa zona, que triplica el que señaló el Consejo de Tasaciones.
Pedido. A través de Productores Autoconvocados del Sur de Córdoba (Prascor), solicitan que el Consejo revea su criterio de tasación y que la Provincia y la Nación firmen un acta complementaria que permita a los productores acogerse a la tasación nacional, mucho más favorable.
Sin pacto. Si hubiera acuerdo entre los expropiados y la Provincia, se firmaría un convenio que luego sería elevado ante la Nación para que pagara los fondos, siempre y cuando viera que el valor se ajusta a los precios de mercado.
Pero como ese acuerdo no existe, los casos van a un juicio casi seguro ante los juzgados del fuero Civil de la ciudad de Córdoba, y en ese caso la Nación no pagará un peso y la Provincia deberá asumir todos los costos en caso de resultar perjudicada por el fallo.
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