El medio ambiente local en jaqueAdarsa, conforme con la actuación del Defensor del Pueblo

El presidente elogió la labor de Eduardo Mondino y se mostró optimista respecto del futuro de los reclamos que viene sosteniendo la ONG. También señaló que el medioambiente debe ser encarado como una cuestión de Estado y los delitos ambientales tienen que estar tipificados en el Código Penal.

Cansada de chocar de narices contra los despachos de los distintos poderes de gobiernos municipales y provinciales, el 6 de agosto de 2007, la ONG Asociación Amigos del Río San Antonio (Adarsa) presentó al defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, un cuerpo de documentación con 124 folios y un CD. El estudio, un diagnóstico de las graves amenazas que se ciernen sobre el medio ambiente de la provincia -en especial sobre el sur del Valle de Punilla- acompañado de las denuncias tramitadas ante las autoridades correspondientes, solicitaba urgente intervención de acuerdo al artículo 41 de la Constitución Nacional.En respuesta a ese pedido, apoyándose en la Constitución, la Defensoría del Pueblo de la Nación hizo lugar a lo presentado por Adarsa, caratulándolo bajo el número de actuación 4.545/07 como «Adarsa, sobre solicitud de intervención vinculada a la preservación de diferentes recursos naturales de la provincia de Córdoba». A partir de entonces, esa repartición del gobierno nacional inició una investigación sobre la reglamentación del uso del suelo y actividades antrópicas en las áreas protegidas provinciales creadas por las leyes 8770 y 8941, el impacto regional del avance de la urbanización en el Valle de Punilla Sur, el impacto del Complejo Minero Fabril Los Gigantes y el estado de las diversas denuncias iniciadas por la ONG ante las autoridades ambientales cordobesas. En el mismo sentido, la Defensoría elevó diversas solicitudes de informes a la Agencia Córdoba Ambiente, los municipios de la zona y la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (Dipas), hoy Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.
Conforme con esta eficiente respuesta del gobierno nacional, Juan Carlos Ferrero, presidente de Adarsa, dialogó con este semanario acerca del grave problema ambiental que acecha la zona.¿Qué problemas pudieron detectar dentro de la región?-En Adarsa venimos manifestando e incluso tenemos notas entregadas a las diferentes reparticiones, comunas y municipalidades, donde hacemos referencia a que el problema es crítico desde el punto de vista ambiental general. Y en forma particular, sobre el tema del agua. Hay situaciones límites y claves en la región, para lo cual siempre hemos solicitado que se tengan en cuenta que debe haber políticas de Estado. Los gobiernos no pueden en cuatro años resolver una situación; es el Estado quien lo debe resolver y a través de todos, sin excepción, donde todo el mundo debe opinar y ejercer sus derechos y deberes. Si a esto lo traemos a la fecha actual, nos causa un poquito de gracia, porque ahora parece que los emprendedores inmobiliarios han encontrado la solución manifestando esto que nosotros hace años lo venimos diciendo. Ahora quieren juntarse a conversar. Pero claro, hay un pequeño detalle, que de última hasta podríamos obviar, pero el daño que ya hicieron, ¿quién lo remedia? Porque ahora hay que solucionarlo, y si no se puede terminar con lo que ellos empezaron a hacer, hasta ellos van a estar afectados por esta situación.¿A qué se refiere concretamente?-Por ejemplo, han talado árboles de varios años, han cambiado los cursos de drenaje en determinadas zonas. Hay una serie de elementos, incluso se han hecho las líneas de ribera variando la topografía, cosa que está prohibida por la ley; en este momento hay una línea de ribera que no es la real, y donde tenemos gaviones para contener el río que puede llegar a avanzar para tomar lo que le pertenece.¿Cuántos loteos de este tipo hay en San Antonio?-En San Antonio hay ya tres prácticamente terminados y uno que está en curso. Digamos que es lo que conocemos oficialmente, extraoficial-mente también existiría la posibilidad de un emprendimiento más por parte de una firma de Carlos Paz en la zona que corresponde ya a la Estancia Garayzábal, o sea, sobre la margen izquierda del río San Antonio. Pero a esto hay que agregarle de que estaría dentro de la Reserva Hídrica Provincial, que es la ley 8941 y eso es muy grave, porque si el Estado declaró una ley, no puede ahora borrar con el codo lo que escribió con la mano.También encontraron sales en las rocas del río, variación en el PH del agua y mortandad de peces...-Sí, hay problemas de todo tipo. Incluso algunos barrios privados ya están hablando de aguas subterráneas, aquí nadie ignora que los valores de caudales aguas subterráneas, son relativos y tentativos, que existe el peligro, como ya ocurrió en Traslasierras, de que cuando exigen al nivel subterráneo extraer agua, dejan sin agua la zona más alta como son las vertientes aguas arriba.¿Qué otros problemas han detectado?-Problemas en general hay muchos y nosotros creemos que acá la situación es muy simple. No hay que ver al problema en forma puntual, sino en forma regional y el Estado es el responsable de hacer una evaluación de todo esto para recién después sentarse a conversar, con los habitantes de la región y con los emprendedores inmobiliarios, que también tienen sus derechos. Nosotros no lo negamos, no estamos en contra del avance, sí estamos en contra del arrasamiento de las condiciones naturales del ambiente.En primer lugar, ustedes dieron cuenta en reiteradas situaciones de este problema a los distintos poderes de los gobiernos municipales y provincial. ¿Qué respuesta tuvieron? -Lamentablemente lo que podemos decir tanto sea de comunas como de municipalidad en forma genérica, ha sido triste. Porque o no han contestado o contestan imponiendo condiciones, y olvidándose que por la ley provincial 8803 tienen la obligación como funcionarios públicos de dar la información. Y lamentablemente la niegan. Por otro lado, las mismas empresas provinciales también niegan la información o tergiversan datos a los fines de que no se conozcan en realidad porqué estamos en lo que estamos.¿Cómo tomaron la respuesta de la Defensoría del Pueblo de la Nación?-El Defensor del Pueblo nos ha dado un lugar preponderante. Le hemos pedido algo que consideramos sumamente importante, hay que entrar con los delitos ambientales, en el Código Penal. Se acabó la multita, porque quien tiene dinero, puede hacer lo que se le ocurra, total paga la multa y se acabó el tema.¿Ven con buenas perspectivas el futuro de estos reclamos?-Sí, nosotros seguimos trabajando, pensamos que el Defensor del Pueblo de la Nación está cumpliendo con lo que nos había prometido; aunque por supuesto falta para llegar a buen término.¿Qué le dice a la población que tal vez ve lejanos estos problemas y cree que no lo van a tocar en lo inmediato?-Nosotros lamentamos muchísimo y en esto queremos dejar en claro que la nuestra es una ONG. No dependemos de nadie en forma especial, sino de los asociados a la misma que son los que mantienen a la institución. No tenemos sponsors, ni oficiales ni privados. Ese es el primer punto; el segundo, es que queremos hacer llegar a la población un mensaje de ciudadanos, y queremos transmitir lo poquito que conocemos del ambiente, para que entre todos lo defendamos, porque sería muy triste, y esto es muy común en nuestro país decir: «Ah! Yo no sabía!, a mi no me lo dijeron». Nosotros seguimos insistiendo, hablando de cuáles son las realidades. De aquí en más, cada uno que se ponga el sayo que le corresponde.
* Disconformes con la CNEAAdarsa reiteró su «disconformidad» con lo vertido respecto del estado del ex yacimiento minero de Los Gigantes en la nota fechada el 28 de diciembre de 2007 dirigida al presidente del Concejo de Representantes y firmada por el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), José Pablo Abratte, recibida por el cuerpo deliberativo el 7 de enero de 2008. Según representantes de la ONG, «hace 10 años que la CNEA viene diciendo lo mismo, que se están haciendo los estudios».