La fiscalía abrió de oficio una causa por sustracción de agua
Investigarán a una empresa y a un productor ganadero por extraerla del río Quilpo sin permiso.
Por igual motivo está imputado otro empresario desde el año pasado.
08/10/2012 00:01 |
Derrumbe. El mes pasado, la Provincia ordenó derribar un dique ilegal en el río Quilpo. Ahora, investigan (La Voz/Archivo).
San Marcos Sierras. La demolición de un dique ilegal sobre el curso del río Quilpo a fines del mes pasado, por parte de Recursos Hídricos provincial, generó que la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, a cargo de Martín Bertone, abriera una causa de oficio para investigar el supuesto delito de “sustracción de agua”.
Desde fuentes judiciales se indicó que el fiscal actuó sobre la base de declaraciones realizadas a La Voz del Interior por parte del ministro de Agua, Ambiente y Energía, Manuel Calvo, en relación a la demolición de esa obra de contención para desviar el curso a un campo privado, que por esa acción habría extraído el 90 por ciento del caudal del río Quilpo en meses de menor cantidad de agua.En esa oportunidad, Calvo calificó al hecho de “un grave ilícito”.
“Este caso es particularmente grave por la dimensión de la infracción y el impacto que genera sobre ese río”, enfatizó el funcionario.
¿De quién es el predio?. Un informe oficial del Ministerio de Agua citó como propietaria de esos campos a la empresa Sismo SA. Esa empresa informó a este diario que no le pertenecían los predios desde 1997. Por su parte, el ganadero cruzdelejeño Jacques Charierre apuntó que fue propietario de esos terrenos entre 1982 y 1977 pero indicó que, luego, “pasaron a manos de la familia Manzi”.
Con todo, el Ministerio a cargo de Manuel Calvo ratificó que las obras sobre el cauce eran “ilegales” y que “en el acta de constatación labrada figura Sismo SA / Vicente Manzi”. El fiscal Bertone determinó al respecto: “Investigaremos la cadena de propietarios en el tiempo para fijar responsabilidades”.
Un imputado. El historial de la problemática de los ríos Quilpo y San Marcos ya tiene un imputado desde noviembre del año pasado, al comprobarse obstrucciones y alambrados sobre los cursos para desviar agua sobre dos estancias en particular.
En la oportunidad y luego de un rastreo de los ríos, la fiscalía acusó a un empresario por el supuesto delito de sustracción de agua, figura que se encuadra en el artículo 183, inciso 3°, del Código Penal.
Según la instrucción, esos campos tenían intimaciones de la ex Dipas correspondientes a 2006 y 2007, de plazo perentorio, que no cumplieron sus propietarios y tampoco les fue exigido en los hechos hasta el mes pasado, cuando el Ministerio de Agua dispuso derribar el dique ilegal sobre el Quilpo.
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