FUENTE : LA VOZ DEL INTERIOR
http://www2.lavoz.com.ar/08/06/26/secciones/internacionales/nota.asp?nota_id=216509
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Jueves 26 de junio de 2008
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Nueva York. La organización Transparencia Internacional (TI) advirtió ayer en un nuevo estudio que la corrupción es un factor clave en la crisis global causada por la escasez de agua, que amenaza la vida de millones de personas en los países más pobres del planeta. El informe de 360 páginas presentado en la sede de Naciones Unidas es el primero en analizar el impacto y el alcance de los actos de corrupción en las diferentes áreas que conforman la industria del agua. “La corrupción mata y, aunque suene dramático, es lo que sucede en muchos países con el agua”, señaló Hakan Tropp, especialista en recursos hídricos del Instituto Internacional de Agua de Estocolmo y colaborador de TI. Tropp indicó que las distorsiones y el encarecimiento del precio del agua que causa la corrupción es, en parte, responsable de miles de muertes en los países menos desarrollados por la dificultad para acceder a este recurso básico. Unos mil millones de personas carecen de agua potable y más de dos mil millones no cuentan con servicios sanitarios adecuados, lo que facilita la propagación de infecciones y enfermedades contagiosas. Chicos y grandes. El estudio de TI identifica problemas a lo largo de todo el sector, que van desde pequeños delitos en la distribución de agua hasta pagos de jugosos sobornos en la construcción de grandes represas hidroeléctricas. “La corrupción en el suministro de agua potable y de servicios sanitarios aparece en todos los eslabones, desde el diseño de la política a la planificación, financiación y mantenimiento de infraestructura”, sostiene el informe. Esta situación frena las inversiones y aumenta el precio del agua potable, lo que explica que este servicio básico sea más costoso en los hogares más pobres de Yakarta, Lima o Manila que en los de Londres, Nueva York o Roma. El documento recomienda, como medidas de freno a la corrupción, la adopción de la transparencia y la participación ciudadana en la gestión del agua, el refuerzo de la capacidad de supervisión de los gobiernos y el fomento de la competencia en la adjudicación de grandes proyectos hídricos.
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