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LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA FRENÓ LOS DESMONTES EN SALTA
• Fue ante una demanda presentada por dieciocho comunidades indígenas de la provincia de Salta.• El máximo tribunal ordenó, en un fallo unánime, parar la tala de bosque nativo en cuatro departamentos del chaco salteño.• El gobierno provincial había autorizado el desmonte en 807 mil hectáreas. El dictamen convoca además a una audiencia pública para febrero.
Buenos Aires y Salta, 30 de diciembre 2008.- La Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión del desmonte y la tala de bosques nativos, que estaban autorizados por el gobierno de Salta, en cuatro departamentos de la provincia. En un fallo unánime, el máximo tribunal hizo lugar a una medida cautelar presentada por dieciocho comunidades indígenas. La Corte también convocó a una audiencia pública para el próximo 18 de febrero en la que deberán exponer sus argumentos el gobierno provincial, el Estado nacional y las comunidades afectadas.
“Este fallo implica un enorme logro en la larga lucha que las organizaciones e instituciones que formamos parte de la Mesa de Tierras de Salta venimos llevando a cabo para que se aseguren los derechos a las tierras y territorios de los pobladores, comunidades indígenas y familias campesinas, y la posibilidad de vivir en ellas con sus propias pautas de cultura”, dijo hoy Pablo Frère, director de Fundapaz, desde la oficina en Salta de la conocida ONG, en declaraciones a Prensa Proteger.
La acción de amparo fue presentada por las organizaciones el 17 de diciembre último, un día después de que la Legislatura de Salta sancionara una controvertida ley de ordenamiento de bosques. El tribunal resolvió el caso en menos de cinco días hábiles, en el que fue su último acuerdo del año. La demanda cuenta con el patrocinio de los abogados Alicia Oliveira y Raúl Ferreyra.
El fallo pone un freno a la deforestación de unas 807.000 hectáreas, autorizada por el gobierno de Juan Carlos Romero, antes del 10 de diciembre de 2007. No incluye los permisos que aprobó recientemente la Legislatura provincial, mediante la llamada ley de “ordenamiento territorial”, que “no sólo convalida las anteriores autorizaciones, sino que establece nuevos territorios que pueden ser desmontados”, dijo por su parte a Página/12 la abogada Mara Puntano, patrocinante de la comunidad guaraní Estación Tabacal, una de las demandantes.
Entre otros argumentos, la presentación de las comunidades indígenas wichí y guaraní y una organización de pequeños productores se basa en la defensa del derecho constitucional a vivir en “un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano”, condiciones que serían vulneradas por la deforestación indiscriminada.
La resolución de la Corte Suprema lleva las firmas del presidente Ricardo Lorenzetti y de los ministros Elena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay. Cercados por el desmonte“Desde que nos desalojaron de nuestras tierras no podemos criar animales ni dedicarnos a la agricultura.
Vivimos en un asentamiento donde la mayoría está desocupada”, relató a este diario Mónica Romero, de la comunidad guaraní Estación Tabacal, que mantiene un largo conflicto con la Seabord Corporation, dueña del Ingenio San Martín, una de las empresas que más ha desmontado su territorio, en el departamento salteño de Orán.Pese a que la procuradora Laura Monti se había pronunciado en contra de la competencia de la Corte en un tema local, el máximo tribunal tomó el tema y resolvió “hacer lugar a la medida cautelar” ordenando “el cese de los desmontes y talas de bosques nativos en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados por la provincia de Salta durante el último trimestre de 2007”.
También le pidió al Estado provincial demandado que “en el plazo de treinta días informara al tribunal los nombres y apellidos o razones sociales, con sus respectivos domicilios, de todas las personas físicas y jurídicas que han solicitado y obtenido autorizaciones de desmonte y tala de bosque nativos” en los departamentos mencionados.
Los cuatro departamentos están ubicados en el norte y este de la provincia de Salta y comprenden la tercera parte de su territorio.Según las organizaciones, en el último trimestre de 2007 se registró “un abrupto incremento en los pedidos de autorizaciones” para desmonte, lo que atribuyeron a que en ese momento era inminente la sanción de la Ley de Protección Ambiental de Bosques Nativos.
“Las comunidades wichí están cercadas por el desmonte”, advirtió la abogada Mara Puntano.Avance desenfrenado“El movimiento de indígenas y pequeños productores es una reacción al avance desenfrenado y sin control de la frontera ganadera y agrícola, especialmente en los departamentos del este salteño y la zona de Santa Victoria Oeste”, añadió Pablo Frère.
“Fueron muchas las notas al gobierno y a los legisladores, los pedidos de audiencia al Gobernador Urtubey, y una marcha realizada el 10 de diciembre pasado donde se le entregó una declaración en mesa de entradas con el pedido de veto a la lamentable ley de ordenamiento de bosques que hoy tiene Salta”, relató el dirigente de Fundapaz.
“Siempre la respuesta fue de ver al ministro del Ambiente, que es responsable de la ley lamentable, que en un año no ha logrado avanzar en varias de las cuestiones que se le plantearon, y que no supo detener los desmontes ilegales y mal autorizados en la gestión anterior”, advirtió.
“Desde Fundapaz, como parte de las instituciones que acompañan los reclamos y esta demanda, junto al Obispado de Orán y la Iglesia Anglicana del Norte, sentimos una gran alegría. Estaremos trabajando juntos para la audiencia de febrero con esperanza en la Justicia que es la base para la construcción del desarrollo en paz”, reflexionó Frère.InconstitucionalidadLa Corte Suprema convocó a una audiencia en su sede para el 18 de febrero a las 10, en la cual “las partes deberán expedirse en forma oral y pública sobre la situación que se denuncia”.
Las partes son la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y las comunidades indígenas demandantes, a quienes pidió que unifiquen su representación.En la demanda, las comunidades wichí y guaraní pidieron que se declarara “la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de las autorizaciones otorgadas y se prohíba otorgarlas en el futuro, se imponga a las demandadas el deber de recomponer y restablecer el ambiente al estado anterior de la producción del daño”.
Y en caso de no ser posible esto, “se fije una indemnización sustitutiva en favor de los demandantes”. Esa es la cuestión de fondo del amparo, que será resuelta después de la audiencia pública.“Los hechos que se denuncian exigen de esta Corte el ejercicio del control encomendado a la Justicia sobre las actividades de otros poderes del Estado”, argumentaron los ministros al fundamentar su competencia.
Desmonte, soja y madera
Los pobladores locales aseguran que la sistemática destrucción de los bosques nativos tiene hoy un ritmo vertiginoso a causa de los desmontes que se realizan al calor del “boom sojero”, que promueve la expansión de la frontera agropecuaria, y del “boom del palo santo” --se tala este árbol autóctono para venderlo en el mercado nacional e internacional.
“Cada vez más acorralados y aislados por los desmontes, los pueblos originarios del lugar continúan intentando sobrevivir en y de esos bosques”, dijo hoy la agencia de noticias COPENOA.Las comunidades demandantes alegaron que “los bosques nativos del Chaco Salteño vienen siendo sistemáticamente devastados por los particulares, con la aquiescencia expresa o tácita de las autoridades” y que fruto de “los desmontes indiscriminados que llevan adelante los propietarios de las tierras, el bosque nativo de la zona -que alberga a miles de indígenas- se encuentra en proceso de desaparición”.
La explotación maderera, la minería, la construcción de rutas y puentes, y en especial la expansión de la frontera agrícola y ganadera, con “una lógica exclusivamente comercial”, repercuten en forma especialmente dañosa en las comunidades indígenas que habitan desde tiempos inmemoriales en las zonas afectadas, aseguran.Numerosas denuncias han sido formuladas por los afectados, tanto ante dependencias policiales, como ante autoridades ambientales y el Poder Judicial, entre otros.
Las numerosas pruebas aportadas en la demanda incluyen el informe “La deforestación de Salta. 2004-2007” por Andrés Leake y María de Ecónomo, editado por Fundación Asociana, el libro “Una tierra para todos”, de Monseñor Jorge Lugones, editado por la Conferencia Episcopal Argentina, el informe “Situación actual del corte ilegal de madera en los Lotes Fiscales 55 y 14”, editado por Lhaka Honhat, OFC, Fundapaz y Asociana, julio 2008.
También se ofreció como prueba material periodístico del diario Clarín, Agencia de Noticias del Norte Argentino COPENOA, Agencia DIN, Agencia de Noticias de la República Argentina Télam, de los diarios Página 12 y Perfil, y los informes televisivos “Los wichís y la tierra” y “Yungas” producidos por el Canal Encuentro del Ministerio de Educación de la Nación.
Los dirigentes indígenas Dino Salas, en representación de la Congregación Wichi San Ignacio de Loyola; Miguel Montes y Mario Aparicio por el Consejo de Organizaciones Wichí Zona Bermejo; Mario Ferreyra, en representación de la Comunidad Fwiñol Carboncito; Estefanía López, por la Comunidad Misión San Francisco de Pichanal; Gumercinda Mónica Romero, por la Comunidad Indígena Guaraní Estación Tabacal de Hipólito Irigoyen; Bautista Frías, por las Comunidades Wichi Zopota y El Escrito; Pedro Segundo por la Comunidad Wichi San José– Chustaj Lhokwe de General Ballivian ; Eduardo Rivero, por la Comunidad Misión Wichi Chowayuk ; Roque Miranda, de la Comunidad Hoktek T´oi del Pueblo Wichi de Lapacho Mocho y Mónica Modesta Villada, en representación de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño de las localidades de Hickmann, Dragones, Pluma del Pato, Coronel Juan Sola –Morillo-, Los Blancos y Capitán Pages de los departamentos San Martín y Rivadavia habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un amparo contra la Provincia de Salta y el Estado Nacional solicitando se disponga el cese inmediato y definitivo de los desmontes y la tala indiscriminada de los bosques nativos.
Nota y pdf completo con la resolución de la Corte Suprema de Justicia
Fuentes: Diarios Página/12 y Clarín, Buenos Aires. Agencia de Noticias Copenoa. Fundapaz, Salta. Prensa Proteger.
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UN ECOCIDA LLAMADO ROMERO. La deforestación amparada por el actual vicepresidente del Senado nacional en el territorio salteño supera a toda la tala realizada en un año en el resto del país.
Nota publicada por Revista Crítica, de Jorge Lanata.
SOJA: ESE INFIERNO TAN RENTABLE. Con más de la mitad de la tierra cultivada hoy en el país, la soja se expande a expensas del maíz, el trigo, los cítricos y la ganadería, entre otras actividades agropecuarias. El modelo de la soja hace agua por el impacto social, ambiental, sanitario y económico en el mediano y largo plazo. Destruye la agricultura familiar y empuja a los trabajadores rurales a las ciudades.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE SOJA Y DESMONTES
http://www.proteger.org.ar/soja
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En caso de publicar la nota, favor de citar la fuenteFundación PROTEGER - miembro de la UICNUnión Internacional para la Conservación de la NaturalezaWeb:
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