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Buenos Aires, 13 febrero 2009.- Más de 70 organizaciones ambientalistas, sociales y de campesinos e indígenas venían reclamando al gobierno la firma del decreto reglamentario. También adjudicaron la gravedad del desastre causado por el alud en Tartagal a los desmontes y la tala. Ahora que la Ley de Bosques está reglamentada, será fundamental que las provincias la apliquen correctamente y a la mayor brevedad para superar los impactos sociales y económicos de la deforestación, coinciden. ampliar nota
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